“Los
abajo firmantes nos manifestamos profundamente preocupadas/os por el
estado actual de nuestro sistema de justicia
provincial y federal. Postulamos la urgente necesidad de realizar
importantes transformaciones que busquen su definitiva
democratización y acercamiento a la población, poniendo el foco en
los intereses populares, en una mayor integración social y acceso a
la justicia, evitando todo tipo de discriminaciones.
Perseguimos la edificación de un poder judicial más
humano y más independiente de los sectores económicos
concentrados. Nos expresamos a
favor de organizaciones de profesionales,
estudiantes, jueces, funcionarios y empleados comprometidas con la
realidad social, capaces de promover la pluralidad de voces
y opiniones dejando de lado intereses exclusivamente
corporativos, haciendo primar la defensa de los
derechos de las mayorías sobre el interés particular, no
sancionando la pobreza, dejando de condenar a nuestra niñez en
riesgo e impulsando un reparto de tierras y aguas más
equitativo junto con una mayor eficiencia en la
administración de justicia y la garantía de derechos
esenciales.
Consideramos al juez como un ser social,
portador de ideología y a sus sentencias como piezas
sociológicas y no meras decisiones técnicas asépticas. Esto porque
en nombre del Estado su función es impartir Justicia ante
situaciones muchas veces de ostensible desigualdad real,
lo que exige la aplicación e interpretación de las leyes
en forma reparatoria de derechos fundamentales de la
parte más débil de las relaciones jurídicas. Vemos en
los funcionarios y empleados judiciales a trabajadores cuyos derechos
deben ser respetados, pero también a operadores auxiliares del
sistema, importantes en la consecución de mayor democracia a la
que aspiramos.
Por ello, este grupo de abogados/as,
procuradoras/es, funcionarios y estudiantes entienden como
indispensable la apertura definitiva del poder judicial tanto en la
provincia como en el orden federal, proponiendo la elección popular
y la participación ciudadana en la integración del
Consejo de la Magistratura; un verdadero control sobre el
desempeño de los funcionarios judiciales elaborando un
código de ética del ejercicio de la
magistratura; reformulación de los mecanismos para la
remoción de magistrados con participación popular;
publicidad de la votación en el Senado para la
designación de jueces provinciales; fijación de una
duración temporal limitada de la magistratura y de una
edad límite para ser magistrado/a; aplicación efectiva de los
tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en
sentencias y resoluciones judiciales; establecimiento de una
competencia contencioso administrativa fuera del ámbito de la
Suprema Corte; dictado de una ley de honorarios
profesionales más equitativa, uniforme y democrática; uso de un
lenguaje menos ritualista y solemne; acercamiento de la
estructura judicial a la población; separación del procurador
y del defensor; establecimiento de juicios por jurado;
promoción de la mediación penal; construcción de un
régimen penal juvenil democrático y enfocado en la
situación de vulnerabilidad de derechos de la
niñez; creación de más juzgados federales; puesta en
vigencia del ingreso democrático en los cargos de la
justicia federal provincial; incorporación de material
sobre derechos humanos en el examen de ingreso al poder judicial
provincial y federal; reforma de la estructura judicial
laboral; estableciendo la segunda instancia laboral;
pago de impuesto a las ganancias por los jueces y
protección del patrimonio estatal como garantía de todo
el sistema de derechos, asegurando la justicia social y la
concreción real de los derechos humanos para nuestro
pueblo.”
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